La importancia de contar con un abogado para denunciar el impago de la pensión de alimentos

Cuando una persona deja de pagar la pensión de alimentos establecida por un juez, no solo está incumpliendo una obligación económica, sino que está afectando directamente al bienestar de sus hijos o de su ex pareja. En estos casos, contar con un abogado especializado en derecho de familia es esencial para reclamar las cantidades impagadas y proteger los derechos de quienes dependen de esa ayuda.

¿Qué es el impago de la pensión de alimentos?

El impago de la pensión de alimentos ocurre cuando quien está obligado a pagar una cantidad mensual, según una sentencia o un acuerdo judicial, deja de hacerlo total o parcialmente. No es necesario demostrar una situación de necesidad extrema para reclamar el pago; basta con la existencia de una resolución judicial que fije la obligación.

Esta pensión tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos básicos de los hijos, como alimentación, educación, ropa, sanidad o vivienda. Por eso, su incumplimiento tiene consecuencias legales relevantes.

¿Qué ocurre si no se paga la pensión?

La persona beneficiaria tiene derecho a cobrar la pensión desde que se presenta la demanda para reclamarla. El pago debe realizarse por adelantado cada mes. Si no se cumple con esta obligación, se pueden activar mecanismos legales de ejecución, como el embargo del salario, cuentas bancarias u otros bienes del deudor. Incluso existen embargos especiales que permiten retener parte del sueldo, algo que normalmente no sería posible con otras deudas.

Además, si el beneficiario fallece, sus herederos no tienen que devolver el dinero ya abonado por adelantado.

Consecuencias penales del impago

El Código Penal español, en su artículo 227, establece que no pagar la pensión de alimentos durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos puede constituir un delito de abandono de familia.

Para que haya delito, deben cumplirse estas condiciones:

Que exista una resolución judicial o un acuerdo aprobado por el juez que imponga el pago
Que se incumpla el pago durante el tiempo señalado, dos meses seguidos o cuatro alternos
Que el obligado tenga capacidad económica real, es decir, que pudiera pagar y decidiera no hacerlo de forma voluntaria

Si la persona demuestra que realmente no puede pagar por desempleo, enfermedad u otra causa justificada, no se le puede exigir responsabilidad penal. Sin embargo, no basta con alegar dificultades económicas sin pruebas, ni con dejar de pagar sin solicitar al juez una modificación de la pensión.

¿Qué hace el Estado para proteger a los menores?

El Estado cuenta con un Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que puede adelantar el dinero a los menores cuando el obligado no cumple con su deber. Posteriormente, la Administración se encarga de reclamar las cantidades al deudor. Este sistema busca evitar que los niños sufran las consecuencias económicas del impago.

La jurisprudencia: lo que dicen los tribunales

Los tribunales han dejado claro que el delito de impago de pensión de alimentos se configura cuando existe voluntad de no pagar, teniendo medios para hacerlo. Además, pagar directamente ciertos gastos como ropa o libros no sustituye la obligación judicial, salvo que haya un acuerdo expreso aprobado por el juez.

También han establecido que, si quien debe pagar cree de buena fe que ya no tiene esa obligación, por ejemplo porque el hijo ha alcanzado independencia económica, puede excluirse la responsabilidad penal, siempre que no haya intención de engañar.

¿Por qué es fundamental contar con un abogado?

Reclamar judicialmente el impago de una pensión de alimentos requiere conocimiento técnico y experiencia en derecho de familia. Un abogado puede redactar y presentar la denuncia o demanda de ejecución de manera adecuada, evitando errores procesales. También puede acreditar las cantidades adeudadas y solicitar medidas de embargo o ejecución forzosa, asesorar sobre la vía penal cuando el impago sea deliberado y continuado, solicitar la intervención del Fondo de Garantía si existen menores beneficiarios, y defender los derechos del cliente durante todo el procedimiento, tanto en el ámbito civil como penal.

Además, un abogado especializado puede ayudar al obligado al pago a solicitar una modificación judicial de la pensión si su situación económica cambia, evitando que incurra en un delito por impago involuntario.

Conclusión

El impago de la pensión de alimentos no es un simple desacuerdo económico: tiene consecuencias legales y, en algunos casos, penales. Contar con un abogado experto es la mejor forma de proteger los derechos de los hijos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el juez.

En el despacho de Marcelo Béjar Abogado te ofrecemos asesoramiento integral y representación legal tanto para reclamar pensiones impagadas como para defenderte en caso de imposibilidad real de pago. Nuestro objetivo es siempre encontrar una solución justa, eficaz y respetuosa con el bienestar de los menores.